El ayuntamiento de
Castelldefels ha mostrado su apoyo a las familias y equipo docente de la escuela
pública Josep Guinovart, ante la sentencia judicial que la obliga para el
próximo curso a dar el 25% de las clases en castellano en, como mínimo, la
mitad de las aulas.
El centro, en el
que estudian unos 300 niños, defiende los buenos resultados de conocimiento de
catalán, castellano e inglés que tienen sus alumnos. Además, la mayoría de
familias apuestan por el mantenimiento de su proyecto educativo con el catalán
como lengua vehicular.
La sentencia tiene su marco legal en la Lomce, conocida
popularmente como 'Ley Wert', que establece que el castellano es la lengua
vehicular de la enseñanza en todo el Estado y que la Generalitat debe asumir el
coste de escolarizar en castellano a los alumnos cuyas familias lo hayan
pedido. Esta ley del gobierno del PP provocó un gran rechazo en muchas capas de
la sociedad, no sólo en la comunidad
educativa.
El consistorio
lamenta ‘que se recurra a la vía judicial para vulnerar el amplio
consenso social y político así como la rotura del contrato establecido con
todas las familias que matriculan a sus hijos en un centro comprometido con su
proyecto educativo’, poniéndose ‘al lado
de la comunidad educativa en defensa de un modelo de escuela inclusiva, pública
y de calidad’.
Por su parte, el
Partido Popular de Castelldefels ha criticado el apoyo del gobierno municipal
al mantenimiento del modelo lingüístico de la escuela Josep Guinovart y consideran
que el Ayuntamiento ‘no puede utilizar los medios municipales ni debe entrar a
valorar el ejercicio de un derecho individual que además está reconocido en
varias leyes’.
Además, acusan a la alcaldesa de la ciudad, la socialista
María Miranda, de ‘dejar en absoluta indefensión y vulnerabilidad a este
colectivo de familias”, y le exigen ‘que no alimente más el conflicto, sino que
trate de conciliar y velar por la convivencia de las familias del colegio y que
garantice el cumplimiento de las sentencias’.
