martes, 5 de febrero de 2013

La corrupción política salpica el Ayuntamiento de Castelldefels (actualizada 7 de febrero)

La Guardia Civil acusa al ex alcalde socialista, Agustín Marina, a dos ex cargos municipales y a un empresario local, de amasar una fortuna con un urbanismo a medida durante los 23 años que estuvo al frente del ayuntamiento de Castelldefels, lo que pudo haber causado un perjuicio económico de 15 millones de euros a las arcas municipales.

Destacan entre los imputados el matrimonio formado por Antonio Gomá (area municipal de urbanismo, ya jubilado) y María Dolores Irún (directora gerente de ‘Castelldefels Projeccions’) ambos empleados municipales en puestos decisorios claves, y el empresario Manuel Marín López, el cual contrató a Marina cuando dejó la alcaldía.

Según revela la investigación, en 2011, CiU, PP y PSC, recibían una serie de cartas anónimas en las que se denunciaba el caso, pero nadie les hizo caso. Fue el actual alcalde de la ciudad, Manuel Reyes quien, pasados unos meses, recibió esta información en su domicilio particular, remitiéndola a la Guardia Civil, la cual ha realizado la investigación y posterior denuncia.

Es importante indicar que la información investigada es de solo los últimos 15 años, cuando el Sr. Marina fue Alcalde de Castelldefels 25, y que María Dolores Irún (directora gerente de ‘Castelldefels Projeccions’) fue relevada de su puesto por el actual gobierno por incompatibilidades entre su trabajo dentro del consistorio y sus empresas externas. Ella trató de recuperar posteriormente su plaza de funcionaria y, al no aceptarse su solicitud, denuncio al consistorio.

- Actualización 7 de febrero

El ex alcalde de Castelldefels, Agustín Marina, declaró ayer en el juzgado numero 8 de Gavá y se apunta a la moda del 'Todo es falso' y que 'es víctima de un "montaje" político'. «Mi cliente es víctima de un linchamiento», ha aseverado su abogado.

El Sr. Marina está imputado por ocho delitos, entre los cuales están los de malversación de fondos públicos, prevaricación, delito societario y blanqueo de dinero, a raíz de una investigación abierta por la Guardia Civil a partir de una documentación anónima que llegó al actual alcalde de Castelldefels, el popular Manuel Reyes.

La Oficina Antifrau abre otra línea de investigación. CiU denuncia que una empresa cubre un servicio municipal desde hace 26 años en un limbo legal.
La oficina pregunta al juez que indaga la presunta corrupción urbanística si suma el caso a la causa.

El Ayuntamiento de Castelldefels aprueba personarse como acusación particular en el caso, algo que ya hizo un partido local la semana pasada.