En los próximos meses, el Ayuntamiento de Castelldefels iniciará
un programa de inspecciones de las entidades financieras y grandes empresas con
el fin de detectar pisos que se encuentren en situación permanente desocupación
y les requerirá que sean puestos en el mercado. En caso contrario, y si no
se produce la ocupación del inmueble, se les impondrá hasta tres multas
coercitivas que pueden llegar a alcanzar los 100.000 euros.
Además el pasado martes 4 de febrero, ha tenido lugar una
nueva reunión de la Mesa
local por el Derecho a la Vivienda. Este
nuevo órgano está compuesto por políticos, técnicos municipales y
representantes de la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y de la Federación de
Asociaciones de Vecinos (FAVC) y su objetivo es el de crear un circuito para
trabajar soluciones de acceso a los alquileres sociales, mantener una vivienda
digna y ofrecer la atención social y psicológica necesaria para superar las
delicadas situaciones, así como ser mediadores con las entidades bancarias si fuera necesario
u otras relacionadas que vayan apareciendo.