El Juzgado
Contencioso Administrativo número 5 de Barcelona ha admitido a trámite la
demanda de la Asociación de Vecinos El Baixador contra el Ayuntamiento de
Castelldefels por la contaminación acústica de los chiringuitos.
El enfrentamiento entre vecinos y chiringuitos se ha alargado durante más de dos años y se acabará decidiendo en los tribunales.
El abogado
de la entidad de El Baixador, Marc Vilar, explica que el Ayuntamiento ha pecado
de pasividad “a la hora de hacer respetar su propia normativa” y añade que el
Consistorio no hace todo cuanto está en sus manos para evitar a los vecinos
estar “expuestos a niveles de ruido excesivo”. Según el abogado el ruido de los
chiringuitos es comparable a tener una discoteca al aire libre a tan solo 80
metros de distancia lo cual “ultrapasa de largo lo que dicta la normativa”.
Por su
parte, el Ayuntamiento de Castelldefels rechaza las críticas y reivindica que
las actividades de los establecimientos están permitidas por el Govern de la
Generalitat. El teniente de alcalde, David Solé, ha asegurado que han “hecho
los deberes: respeto por el descanso vecinal, abundantes sanciones a
chiringuitos, instalación de limitadores de ruido que bloquean cualquier
aumento sobre el volumen pactado y registradores que detectan cualquier equipo
de sonido que no pasara por el limitador”.
El
enfrentamiento ha pasado ahora a manos del juez, quien resolverá la disputa a
través de un procedimiento de urgencia reservado a procesos en que los derechos
fundamentales están bajo amenaza.
