Castelldefels aprueba en Pleno Municipal adherirse a la
Plataforma de municipios por la Vivienda digna y la Pobreza energética, con los
votos a favor de todas las fuerzas políticas con representación (Movem, PSC, ERC, CSPOT, CiU y C's), excepto el
PP que se abstuvo.
Dicha plataforma
nace como instrumento para plantear a los gobiernos autonómicos, estatal, a los
agentes económicos y sociales, y a la opinión pública en general, la adopción de medidas políticas orientadas a
encontrar una solución estructural y sostenible de los problemas relacionados
con la vivienda.
Entre estas
medidas destacan propuestas como determinar que el derecho a la vivienda digna
se debe garantizar a todas las familias a un precio máximo equivalente a un
tercio de los ingresos familiares, incluidos los suministros básicos de agua,
gas y electricidad; desarrollar
políticas de promoción pública de vivienda destinada a alquiler social, hasta
alcanzar porcentajes similares en el entorno europeo (más del 15%) sobre el
parque total de viviendas del país; o reconocer el derecho de las personas que hayan perdido la vivienda
como consecuencia de una ejecución hipotecaria por insolvencia, a que se les
facilite una vivienda en régimen de alquiler social a un precio que no supere
el 30% de sus ingresos.
La plataforma
también insta a incrementar el parque de viviendas de los fondos sociales de
vivienda pública (locales, autonómicos y estatal) otorgando a los ayuntamientos
las funciones de gestión de todas las viviendas sociales de su municipio, y
asumiendo desde las CCAA y AGE las gastos de obtención y mantenimiento de las viviendas de los fondos
supramunicipales; y regular
por ley la cesión obligatoria del uso temporal a los fondos públicos de
vivienda social de las viviendas vacías propiedad de entidades financieras y/o
grandes propietarios, que queden más de dos años desocupados. Estas cesiones aumentarán el parque disponible
de viviendas en alquiler social para atender emergencias y alojar familias en
situación de vulnerabilidad.
Asimismo, también
se propone regular las ayudas a fondo perdido para la rehabilitación del parque
de viviendas antiguas propiedad de sus residentes o de pequeños propietarios,
incluyendo aspectos de eficiencia energética y accesibilidad, y condicionar las
ayudas a los propietarios no residentes en su inclusión en los programas de alquiler.
